¿Se le debe cobrar el IBI a la Iglesia? Parte 3.
Invitado sorpresa: Kissing Gourami
A Dios rezando pero con el mazo dando
Debido al momento de crisis que
vive nuestro país muchos son los cambios que se están produciendo en nuestras
leyes. Hay que sacar dinero de debajo de las piedras y cada viernes nos piden
un poquito más de esfuerzo y ajustarnos más el cinturón si es que nos quedan
agujeros. Recortamos de aquí, de allí y de donde ya no se puede sacar para
ponerlo en Bankia, que por lo visto lo necesita más que el resto de los españoles,
pero centrémonos en la
Santa Madre Iglesia que es lo que hoy nos atañe.
Y ahora me pregunto yo ¿conocen
alguna organización religiosa o alguna ONG que tenga tantas propiedades como la Iglesia Católica ? No sólo están
exentos de pagar el IBI por las catedrales o iglesias de nuestras ciudades sino
que tampoco pagan el de las viviendas donde habitan los trabajadores del señor,
los curas vamos. Su segundo argumento, el de la antigüedad de la ley es bien
sencillo de rebatir, si hemos cambiado la Constitución , que es
lo más sagrado que tiene nuestro país, en tan solo 48 horas para introducir el
principio de estabilidad presupuestaria, cómo no vamos a poder cambiar una ley
de los tiempos de Maricastaña. Y por último, si el presidente de la Conferencia Episcopal ,
Antonio María Rouco Varela, afirma que pagar el IBI iría en detrimento de otras
posibles acciones, como Cáritas, yo le recuerdo que el 35% de su subvención es
del Estado mientras que solo el 2% lo aporta la Iglesia.
¡Por el amor de Dios, que mentir
es pecado, hombre!
¿Debería renunciar la Iglesia católica a la exención del IBI?
El
discurso fácil sería afirmar que sí, que tal y como están las cosas, ésta
debería renunciar voluntariamente a dicho privilegio. Pero si nos documentamos
un poquito sabríamos que se trata de una medida de incentivo fiscal con la que
el Estado reconoce las actividades de interés general que realizan muchas
instituciones, y que por tanto no se trata de un lujo del que goza la Iglesia. Fundaciones,
asociaciones de utilidad pública, partidos políticos, sindicatos, el museo del
Prado, la SGAE, la estación de Atocha o el Palacio de Liria por ejemplo también
están exentos del mismo. ¿Por qué entonces
sólo se ataca a la Iglesia? Se pide también que se elimine del IRPF la
casilla de asignación a la Iglesia, cuando se trata de una opción voluntaria
con la que los ciudadanos ayudan a mantener la labor social y humanitaria que
realiza ésta en favor de quienes más lo necesitan. Si es libre y voluntario, ¿por qué y para qué exigir su supresión
ahora?
Con la ley en la mano, el
artículo 16 de la Constitución recoge que los poderes públicos mantendrán las
relaciones de cooperación con la Iglesia católica y demás confesiones, y
asimismo, el acuerdo internacional entre el Estado y la Santa Sede (1979)
establece el compromiso de colaboración para su sostenimiento económico. ¿Es lícito romper el acuerdo y exigir tal
pago después de más de treinta años? Si fuera así, ¿por qué los gobiernos socialistas no lo llevaron a cabo? ¿A quién beneficia
ahora este debate?
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